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María del Sagrario Hellín Campos es una toledana de 35 años que trabaja en EME ABOGADOS, despacho nacido en el año 2018, siendo un proyecto realizado con gran ilusión y gran esfuerzo. EME ABOGADOS “tu abogado low cost” nació para aquellas personas que no pueden formar parte de la asistencia jurídica gratuita por superar el umbral económico, pero tampoco pueden iniciar un procedimiento judicial de carácter particular por no tener suficientes recursos. Es por ello que este despacho quiere llegar a ese tipo de personas, para que éstos los vean como “SU ABOGADO DE CONFIANZA”. EME ABOGADOS fue fundado por dos personas y cada día va evolucionando. Los fundadores se rodean de otros profesionales que siguen esta filosofía, con el fin de dar otros servicios y que puedan contar con ellos para todo tipo de procedimientos judiciales, asesoramiento financiero, inmobiliaria, seguros… Al ser un despacho multidisciplinar, cada uno de los socios se encuentra especializado en varias materias. En el caso concreto de María del Sagrario, está especializada en el área penal, civil, familia, y laboral. Actualmente sigue formándose en dichas materias. Sus motivaciones para ejercer la abogacía es el ayudar a otras personas y velar por sus intereses. Actualmente, María del Sagrario creen en la necesidad de contar siempre con un abogado, pues es preferible un buen asesoramiento previo antes de iniciar o tomar cualquier decisión.
¿Qué ventajas ofrece vuestro despacho laboralista a los clientes con respecto a otras firmas de abogados?
La calidad del trato con el cliente es nuestra característica más distintiva. Creemos en la relación familiar, de protección, para con el cliente, en la transparencia en nuestra comunicación permanente con él o ella. Asimismo, apostamos por establecer un presupuesto conforme a su capacidad económica
¿Cuáles son los problemas más frecuentes que llegan a vuestro despacho en el campo del derecho laboral?
Actualmente nos están llegando muchos procedimientos relativos a despidos, reclamación de cantidad, situaciones de mobbing, sucesiones de empresa, trámites ante la seguridad social, incapacidades, jubilaciones… Y, durante el estado de alarma causado por la pandemia, evidentemente, hemos atendido muchos casos de ERTES.
¿Qué formalidades deben cumplirse al momento de realizar un despido laboral? ¿Cuáles son las causas justificadas que establece la ley española en estos casos?
La carta de despido es un arma importante, pues debe reunir una serie de requisitos tanto formales como de fondo y cuando eso falla surge el problema para el empresario. Por eso siempre es fundamental contar con un buen asesoramiento, tanto para el empresario como para el trabajador de la empresa. Una vez recibida la carta de despido, se recomienda firmar como NO CONFORME, todo ello con el fin de que se pueda valorar si el despido es correcto o, por contrario, no lo es. Teniendo, por ende, que acudir previamente al Servicio de Mediación y Arbitraje donde se habrá interpuesto la papeleta de conciliación. Dicha papeleta de conciliación no puede ser diferente de lo que conste en la demanda, por lo que dicho escrito debe estar muy bien redactado. Celebrado el acto de conciliación al que nos habrán citado, y si no se ha llegado a acuerdo alguno, habrá que presentar demanda en el juzgado de lo social, que nos citará para celebración de conciliación y, en su caso, juicio en el juzgado. Siempre debemos observar si el despido es justificado o no. Podría ser un despido por causas objetivas o bien un despido disciplinario. Pero siempre recomiendo estudiar si es correcto o no cada despido.
¿Cuáles son los principios que rigen la actividad profesional de vuestro despacho laboralista?
Nuestros principios inexcusables en torno a los que gravita nuestra manera de ejercer la abogacía para con todos nuestros clientes son la máxima transparencia, la absoluta lealtad al cliente, el sólido compromiso con sus derechos, la minuciosa profesionalidad y una gran cercanía con el cliente.
Medidas en el ámbito sanitario
Se realizan una serie regulaciones normativas puntuales que afectan, por una parte al régimen de autorización o ratificación judicial de las medidas que hayan de adoptarse en aplicación de la legislación citada cuando impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales o cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente; reforzando su eficacia y coherencia. Y por otra, estableciendo medidas de control sanitario de los pasajeros internacionales para prevenir la introducción de vectores de infección por el SARS-CoV-2 y sus variantes.
En esta materia se hace necesario revisar los aspectos contemplados en la DA 6a Real Decreto- ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, con objeto de adaptarlos a la evolución prevista de la pandemia a nivel nacional y también en los principales países emisores de turismo, muy influenciadas por el incremento de la cobertura de la vacunación, que propiciaran un importante incremento de la movilidad internacional.
El objeto de esta medida es que, manteniendo los niveles de seguridad en los controles que se realizan a las personas que llegan a España, especialmente a las que proceden de países de riesgo, estos se realicen de la forma más ágil posible para que interfieran lo menos posible en las dinámicas aeroportuarias y portuarias.
Medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal.
En dichas comunidades no se están desarrollando las reuniones de propietarios dadas las limitaciones que se han impuesto a su celebración presencial a causa del COVID-19, y las dudas existentes sobre la posibilidad de adoptar acuerdos de manera telemática ya que la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, omite la posibilidad de desarrollar las reuniones de forma telemática.
• Se suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 la obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal, así como las obligaciones de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual. Durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno.
• Se permite que la junta de propietarios pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, lo que será comprobado por el administrador con antelación a la junta; y si el secretario reconoce la identidad de los propietarios asistentes a la junta y así lo exprese en el acta. Además, en este supuesto, será también posible la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática.
Medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad económica y social.
Se prorrogará por un plazo de 3 meses desde la expiración de la vigencia del estado de alarma (hasta el 9 de agosto de 2021), algunas de las medidas adoptadas para dar cobertura a dichas situaciones de vulnerabilidad en relación con la garantía de determinados suministros y el derecho a la percepción del bono social por parte de consumidores y determinados colectivos vulnerables, así como de determinadas medidas de protección en el ámbito del arrendamiento de vivienda, contenidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
• Se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, y que estaba condicionada a la vigencia del actual estado de alarma.
• Tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, hasta el 9 de agosto de 2021, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos
previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.
• Se extienden las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el cual se modifica para ampliar en tres meses desde la finalización del actual estado de alarma los plazos establecidos.
• Se amplía hasta el día 9 de agosto de 2021 la suspensión de los
procedimientos y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad, en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos.
• Se amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes, a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021.
• Se extiende, hasta el 9 de agosto de 2021, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, en los términos establecidos en dicho real decreto-ley; y se amplían por ese mismo periodo los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Es decir, se amplía la posibilidad del arrendatario en tales supuestos, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.
• Se extiende el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el citado Real Decreto- ley 11/2020, de 31 de marzo, podrán presentar la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes (recordar que el plazo ampliado era de un mes desde la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por lo que con la ampliación de tres meses prevista para estas medidas, el nuevo plazo hasta el que se podrá presentar
dicha solicitud queda fijado en el 9 de septiembre de 2021).
Violencia de género
Los servicios públicos de información, asesoramiento, teleasistencia, asistencia social integral, acogida para víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de explotación sexual, y el sistema de seguimiento por medios telemáticos en materia de violencia de género, deben tener la consideración de servicio esencial y esta consideración debe mantenerse tras la finalización de la vigencia del estado de alarma. Adicionalmente, se estima necesario incluir un precepto
análogo al artículo 18 sobre servicios esenciales del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Medidas de carácter social
A las medidas expuestas, se añaden otras tres medidas de carácter social:
1. Prórroga del plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, donde establece, como requisito para que las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada puedan obtener la calificación de
«Sociedad Laboral», que ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social; para indicar, a continuación, como excepción, que «La sociedad laboral se constituya inicialmente por dos
socios trabajadores con contrato por tiempo indefinido, en la que tanto el capital social como los derechos de voto estarán distribuidos al cincuenta por ciento, con la obligación de que en el plazo máximo de 36 meses se ajusten al límite establecido en este apartado». Con la finalidad de que la irrupción de la crisis provocada por el COVID-19 no obstaculice la continuidad y consolidación de las sociedades laborales como fórmula empresarial clave de la economía social y de la generación de empleo, minimizando los riesgos de su pérdida de calificación y su desaparición, se prevé prorrogar, con carácter extraordinario, el referido plazo máximo de 36 meses, por 24 meses más, a efectos de evitar las consecuencias que comportaría la descalificación de aquellas sociedades laborales que, con motivo de la crisis económica derivada de la pandemia sanitaria, no les hubiere sido posible adaptarse a los
límites establecidos legalmente en el plazo máximo de adaptación que en este momento fija la mencionada ley, en su artículo 1.2.b).
2. Flexibilización temporal del uso del Fondo de educación y promoción de las cooperativas. La nueva medida permite, de manera extraordinaria y limitada en el tiempo, y siempre de acuerdo con los principios y valores y con los procedimientos de autogestión
democrática que caracterizan a las cooperativas, destinar su Fondo de educación y promoción a cualquier actividad que ayude a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, bien mediante acciones propias o bien por medio de donaciones a otras entidades, públicas o privadas, o a dotar de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento.
3. Posibilidad de que los profesionales sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de autonomía. Se trata de una medida, que fue establecida en el artículo 5 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, a la que pretenden dar continuidad los artículos 13 y 14 de este real decreto-ley, que es ampliamente respaldada tanto por distintas corporaciones y asociaciones de profesionales sanitarios y socio-sanitarios, como por los grupos parlamentarios, y que está teniendo un gran impacto positivo en la gestión y contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por lo que se considera imprescindible prolongarla en el tiempo mientras dure la crisis sanitaria, con independencia de la vigencia o no del estado de alarma.
Expiración de la vigencia del estado de alarma y competencias para adoptar medidas excepcionales a fin de prevenir, contener y limitar la crisis sanitaria por parte de las autoridades sanitarias.
Por último, ante la expiración de la vigencia del estado de alarma y la necesidad de posibles medidas restrictivas de derechos fundamentales que deban ser objeto de autorización o ratificación judicial, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8.6, segundo párrafo, 10.8, 11.1 i) y 122 quater de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (según redacción dada por la disposición final segunda de la citada Ley 3/2020, de 18 de septiembre, se introduce una modificación a la Ley 29/1998, de 13 de julio), se modifica la regulación del recurso de casación para que la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Supremo pueda entrar a conocer sobre los autos adoptados por las referidas Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional en esta materia y pueda, además, fijar doctrina legal, con intervención de las administraciones públicas autonómica y estatal, además de la del Ministerio Fiscal, sobre el alcance de la legislación sanitaria en relación con las limitaciones o restricciones de derechos fundamentales de los ciudadanos impuestas por las autoridades sanitarias, y todo ello en un plazo muy breve de tiempo, que es lo que requiere una situación sanitaria tan grave y extraordinaria como la que obliga a esas autoridades a tener que adoptar esta clase de medidas y para la que no resultan eficaces los
dilatados plazos que precisa el recurso de casación ordinario.
No obstante, la introducción del recurso de casación frente a dichos autos no alcanzará la finalidad perseguida de uniformar doctrina, si no se introducen mecanismos legales que garanticen la celeridad de dicho recurso de casación, de modo que, el control mediante sentencia del Tribunal Supremo surta eficacia al producirse con inmediatez a la decisión jurisdiccional de instancia. Para lo anterior, se introducen normas especiales de procedimiento inspiradas por los principios de preferencia y sumariedad.
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.